Gremios, agrupaciones universitarias, estudiantiles y sociales y vecinos en general de la ciudad de Villa María, unas 600 personas aproximadamente, se sumaron a una masiva jornada federal de protestas este jueves por la tarde, como en toda la Argentina, contra la propuesta de Ley de Tierras que intentó impulsar el gobierno nacional en el Congreso Nacional.
Edgardo Garmendia, Secretario General de la CGT Villa María, participando de la marcha indicó:“La situación lo amerita, estas situaciones que estamos viviendo son gravísimas. La historia creo que va a pasar factura, no podemos dejar de expresarnos, aún con aquellos que no están de acuerdo, que piensan diferente, nosotros no agraviamos ni insultamos, simplemente ejercemos nuestro derecho al reclamo en defensa de la Soberanía Nacional. Ojalá que no vuelvan a presentar el año que viene este mismo proyecto que ahora dieron de baja, y que se defienda con uñas y dientes nuestro territorio nacional, al igual que las Malvinas, que son argentinas.”
Agregó Garmendia: “Creo que ha habido una gran movida nacional, que las redes y los medios han podido demostrar al gobierno nacional el descontento de la gente porque está cansada de los insultos y los agravios, de que internacionalmente nuestro presidente nos está haciendo quedar malísimamente mal, rompiendo relaciones estratégicas con nuestro primer socio comercial como lo es Brasil; la verdad es que nos da vergüenza ajena. La Argentina y la sociedad se conforma con los distintos pensamientos y hay que respetar la Democracia”
En todo el país se marchó
La presión en las calles y la falta de consenso legislativo provocaron un fuerte retroceso político para la Casa Rosada horas antes de la sesión. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debió negociar de urgencia con bloques aliados y mandatarios provinciales —como los gobernadores de Salta, Tucumán y Neuquén— al constatar que no alcanzaban los 37 votos necesarios para aprobar el polémico artículo 3.
Dicho apartado pretendía derogar o flexibilizar los límites de la actual Ley de Tierras, permitiendo ampliar el cupo de posesión a capitales extranjeros en zonas rurales estratégicas y con recursos hídricos.
A pesar de que el oficialismo dio de baja ese capítulo específico para salvar el resto de la sesión parlamentaria, las centrales obreras y los colectivos socioambientales ratificaron la movilización nacional.
Denuncian que el texto que queda en debate aún atenta gravemente contra los recursos naturales y la soberanía del territorio bajo la consigna unificada: “La tierra no se vende, no se quema y no se desaloja”.
Los puntos críticos del proyecto de ley
Las asambleas y agrupaciones jurídicas advierten que la reforma que se debate en el recinto conserva 48 artículos de alto impacto normativo:
Desalojos express: se agilizan los mecanismos judiciales para la restitución inmediata de inmuebles, lo que las comunidades indígenas y rurales denuncian como una desprotección absoluta de sus territorios ancestrales.
Modificación de la Ley de Manejo del Fuego: se eliminan las restricciones temporales que prohíben la venta o el desarrollo inmobiliario sobre tierras rurales que hayan sufrido incendios forestales, lo que abriría paso a la especulación inmobiliaria tras las quemas.
Límites a la utilidad pública: se endurecen significativamente las condiciones y los fondos requeridos para que el Estado pueda avanzar con expropiaciones civiles en beneficio común o habitacional.
La movilización se da contra un proyecto de ley presentado por el Gobierno, titulado “inviolabilidad de la propiedad privada”, que se votara el 6 de agosto en el Senado de la Nación.
Este paquete de reformas incluye mayor celeridad a la hora de realizar desalojos, cambios en la Ley de Manejo de Fuego y lo más polémico, la mencionada modificación de la Ley de Tierras.
Actualmente existe un límite de compra del territorio nacional por parte de personas o empresas extranjeras del 15%. El proyecto buscó en un principio eliminar este límite, y luego del repudio generalizado se habrá cambiado a un 25%.
Además se busca flexibilizar las condiciones para adquirir tierras en zonas estratégicas como fronteras, sectores con recursos minerales y áreas ribereñas o con acceso a fuentes de agua dulce.
