Durante la sesión de este jueves del Concejo Deliberante, el concejal Manu Sosa, del bloque Uniendo Villa María, fijó una postura crítica frente a dos proyectos impulsados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Por un lado, solicitó formalmente que el Régimen Excepcional de Regularización de Obras regresara a Comisión para su revisión y mejora; por otro, rechazó la modificación de los topes de la Unidad de Compra Municipal (UCM). En ambos casos, sus planteos no fueron acompañados por la mayoría del cuerpo.

En relación al Régimen Excepcional de Regularización, Sosa fue el único concejal que votó a favor del pase nuevamente a Comisión. Si bien aclaró que su bloque reconoce la problemática de numerosos vecinos que desde hace años no pueden obtener el final de obra ni escriturar sus viviendas, y valoró el trabajo técnico realizado por la Secretaría de Infraestructura junto a los colegios profesionales, advirtió que el proyecto presenta falencias de fondo.

Según expresó, la iniciativa trata de igual manera situaciones que son profundamente distintas, colocando en el mismo plano a familias que realizaron ampliaciones por necesidad habitacional y a grandes desarrollos inmobiliarios que incumplieron deliberadamente la normativa urbana con fines especulativos. “El propio Ejecutivo reconoce que existen criterios técnicos para diferenciar obras según su categoría y características constructivas. Entonces, la pregunta es clara: ¿por qué sancionar una ordenanza excepcional sin incorporar esas diferenciaciones?”, planteó.

Además, remarcó que los fondos que se recauden a través de este régimen no deberían ingresar a rentas generales, sino tener un destino social específico, vinculado a soluciones habitacionales, regularización dominial e infraestructura básica. En ese sentido, también reclamó un control político posterior, señalando que el Concejo debe recibir información clara sobre qué se regulariza, qué infracciones se convalidan, cuánto se recauda y a qué se destinan los recursos.

Finalmente, Sosa sostuvo que pedir el pase a Comisión no implicaba frenar una solución, sino fortalecerla. “Si este régimen excepcional va a existir, debe ser justo, equitativo, transparente y verdaderamente excepcional. Lamentablemente, fuimos los únicos que pedimos tomarnos el tiempo necesario para mejorar el proyecto”, afirmó.

Por otra parte, el concejal también manifestó su rechazo a la modificación de los topes de la Unidad de Compra Municipal, al considerar que la medida reduce los controles sobre las contrataciones públicas y profundiza un esquema discrecional. Sosa sostuvo que el proyecto debe analizarse en el marco de una evolución histórica que, según afirmó, apunta a elevar sistemáticamente los límites de contratación para evitar la licitación pública.

En ese sentido, recordó que al inicio de la actual gestión la licitación pública era obligatoria a partir de montos cercanos a los 42 millones de pesos, mientras que con la modificación propuesta ese umbral superaría los 1.500 millones, lo que representa un incremento superior al 3.600%. “No se trata de una actualización razonable ni de una cuestión inflacionaria, sino de una decisión política para reducir el control”, aseguró.

Asimismo, cuestionó que en dos años de gestión el Ejecutivo municipal no haya realizado licitaciones públicas, recurriendo de forma sistemática a contrataciones directas y procedimientos cerrados. También mencionó casos en áreas sensibles, como el mantenimiento de espacios verdes, donde —ante denuncias— se dejaron caer licitaciones públicas para avanzar en licitaciones privadas. “No ajustan la gestión a la ley; ajustan la ley a su forma de gestionar”, expresó.

Para cerrar, Sosa afirmó que la iniciativa no busca eficiencia ni modernización, sino menos control y mayor concentración de poder, y ratificó el rechazo de su bloque en defensa de procesos de compra transparentes y del derecho de los vecinos a conocer cómo se administran los recursos públicos.