CALL CENTER TUMBERO: DESDE LA JUSTICIA SOLICITAN DURAS PENAS PARA EXJEFES DE LA CÁRCEL LOCAL

Se conoció que el fiscal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 10ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Gustavo Arocena, ha pedido duras penas para los principales involucrados en el “call center tumbero” que funcionaba en el Establecimiento Penitenciario Nº 5 de Villa María y que se dedicaba a realizar estafas telefónicas.

En tal sentido, el fiscal está solicitando para el exdirector de la cárcel de Barrio Beldrano, Andrés Américo Aciar, una condena de ocho años de prisión por considerarlo coautor de “asociación ilícita”, en calidad de jefe, y “estafas reiteradas”.

En el caso de Néstor David Gómez, exsubdirector de Operaciones del penal, para el exjefe de Seguridad, Edgar Ezequiel Arroyo, y el oficial que estaba a cargo de la Segunda Compañía, Oscar Pablo Figueroa, demanda siete años de cárcel.

¿QUÉ PASA CON LOS RECLUSOS IMPLICADOS?

El fiscal pidió seis años y 10 meses de prisión para el cabecilla de la banda en el Pabellón 11, Sebastián Ezequiel “Pitu” Moyano, en calidad de jefe de la “asociación ilícita”, con declaración de reincidencia. También peticiona castigos de cinco años y tres meses de prisión para los organizadores de la banda, Sofía Macarena Moyano y Ulises Nicolás Moyano, sobrina e hijo de “Pitu”, respectivamente.

MÁS POLICÍAS IMPLICADOS

Dos efectivos policiales de la División Investigaciones de la Unidad Departamental Unión, están acusados de filtrar información confidencial sobre allanamientos a la banda delictiva. Y para el policía Santiago Mauricio “el Duende” Martín pide cuatro años y cuatro meses de prisión por “asociación ilícita”, “violación de secretos” y “partícipe secundario de estafas”, mientras que para su colega Mauricio Marcos Agüero, el fiscal ha solicitado una pena de cuatro años y dos meses de cárcel. También solicitó que policías y agentes penitenciarios sean inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Para todos los uniformados (agentes penitenciarios y policías) Arocena reclamó además la pena de “inhabilitación para ejercer cargos públicos”.