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CRIMEN DEL VILLAMARIENSE CÉSAR MORENO EN BOUWER: IRÁN A JUICIO LOS ACUSADOS DE TORTURA SEGUIDA DE MUERTE
La Cámara de Acusación rechazó las apelaciones y dejó firme la elevación a juicio por la muerte de César Darío Moreno. Nueve acusados responderán con gravísimos cargos. Para el tribunal, una medida de contención terminó convertida en una “práctica de castigo”.
La Cámara de Acusación confirmó la elevación a juicio de la investigación por la presunta tortura seguida de muerte del hombre que en septiembre de 2023 ingresó al complejo carcelario en condición de “detenido”.
Fue golpeado —todo según la investigación— y permaneció inmovilizado durante más de 48 horas. Finalmente murió.
El tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas del médico Ignacio Edgardo Segobia y de la psiquiatra Ana Laura Grassi y confirmó la resolución que había avalado la acusación formulada por el fiscal José Mana.
Así, nueve acusados deberán responder en juicio como presuntos autores de tortura seguida de muerte: Lucas Iván Argüello, Néstor Eduardo Bazán, Maximiliano Nicolás Cebrero, José Eduardo Flores, Roberto Ángel Molina, Mariano Edgardo Santucho, Leonel Axel Vaquel, Segobia y Grassi.
En caso de condena, la pena es la prisión perpetua.
Además, la causa alcanza al exresponsable del módulo carcelario Pablo Adolfo Luján, acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y al enfermero Martín Lautaro Aracena, imputado por omisión de denunciar hechos de tortura.
La resolución de la Cámara de Acusación tiene un pasaje de particular peso. Al analizar la responsabilidad que se atribuye a los profesionales de la salud, el tribunal recuperó un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que vinculó la violencia sufrida por Moreno, la falta de atención médica y la prolongada inmovilización.
“Parece evidente la conexión entre el resultado, la violencia sufrida, la falta de atención médica y las medidas de sujeción aplicadas”, dice el informe.
Para la Justicia, César Moreno fue sometido a vejámenes en Bouwer. Y continúa: “El personal de salud, tenía la responsabilidad de considerar los antecedentes médicos de Moreno antes de la aplicación de las medidas de sujeción, a fin de observar posibles riesgos para la salud”.
Ese mismo informe sostiene que “no debería haberse consentido la prolongación” de las medidas de sujeción más allá de lo “estrictamente necesario”. Y plantea que no hubo “una adecuada evaluación continua de sus necesidades médicas, exponiéndolo a un riesgo mayor, transformando un acto de contención en una práctica de castigo que culminó con su fallecimiento”.
Vale subrayar que el fallo fue unánime. Los tres camaristas coincidieron. Carlos Alberto Salazar votó por rechazar las apelaciones; Patricia Alejandra Farías y Maximiliano Octavio Davies adhirieron.
El tribunal confirmó así la resolución del Juzgado de Control y dejó allanado el camino hacia el debate oral.
Una golpiza, la inmovilización y una muerte
Moreno tenía 50 años, no registraba antecedentes penales y atravesaba una crisis de salud mental cuando fue detenido el 16 de septiembre de 2023.
Tras pasar por la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), fue derivado al complejo penitenciario de Bouwer.
Según la acusación, ya dentro del penal protagonizó un incidente y golpeó a un guardiacárcel. Lo que sucedió después constituye el núcleo de la investigación de Mana: para la fiscalía, distintos penitenciarios lo golpearon como represalia y posteriormente fue trasladado al área médica.
Fue golpeado —todo según la investigación— y permaneció inmovilizado durante más de 48 horas. Finalmente murió.
