En un juicio abreviado e Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba condenó por asociación ilícita para cometer delitos tributarios y financieros a Fernando Santiago Ateca, Jorge Héctor Sufe, Miguel Alberto Alvarez, Delfín Armando Polack, Richard Eduardo Grenat, María Eugenia Tabares y Carlos Alberto Giovanardi.
Tras la fachada de la Asociación Mutual Productores de Servicios Generales, funcionaba una cueva financiera.
Todos recibieron penas de hasta tres años, de ejecución condicional.Además, deberán pagar 500 mil dólares y se les decomisaron 20 inmuebles no sólo en Villa María sino también en la ciudad de Córdoba.
Uno de esos bienes es el Hotel Presidente. En el mismo acuerdo del abreviado se dejó establecido el fin que tendrá: una vez remodelado se convertirá en sede de la Fiscalía Federal de Villa María. El destino no es caprichoso. Tiene que ver con el impulso que se pretende dar al sistema acusatorio, con lo cual el trabajo y protagonismo de las fiscalías se acrecentará y lo primero es tener una sede. Lo llamativo es que nunca fue clausurado y sigue en actividad plena. La Procuración General de la Nación encarará de ahora en más los trámites para desalojarlo y reconvertirlo.
Cómo funcionaba la banda. Por medio de empresas radicadas en Villa María y James Craik captaban dinero, a través de depósitos a plazo para aplicarlos posteriormente a operatorias de compra y venta de divisas; de títulos valores; otorgaban préstamos a terceros e inversiones en el mercado de valores por intermedio de agentes de bolsa, entre otras actividades. Actuaban como una entidad financiera pero sin contar con autorización del Banco Central..
Para esas operaciones ilícitas montaron la Asociación Mutual Productores de Servicios Generales (AMPSG). Les permitía acceder a beneficios y exenciones y así potenciaban las ganancias obtenidas para lavar activos.
En la investigación no se llegó a determinar el origen de los fondos con los que trabajaban. La sospecha es que podrían provenir de las operaciones en negro de venta de cereales y hasta del narcotráfico.
Ateca -presidente de la Asociación Mutual- y Sufe -socio de la entidad- fueron condenados como jefes de la asociación ilícita. Coordinaban con los contadores Giovanardi y Álvarez la modalidad operativa, los servicios que se brindaron por medio del entramado empresarial, las inversiones a realizar.
Para llevar a cabo estas actividades ilícitas, los acusados se valieron de una serie de sociedades de las cuales algunos de los ahora condenados era accionistas, apoderados o tesoreros, entre las que se encontraban dos sedes de la Asociación Mutual de Productores de Servicios Generales en Villa María y James Craik, Ridesud SRL, Efus SA, Frendal SRL, Suhalen SRL y Nuevo Hotel Presidente SAS.
