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VILLA MARÍA TENDRÁ UNA SEDE PARA TRAMITAR LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES.

El intendente Martín Gill se reunió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, a los fines de concretar un acuerdo para la instalación de una Unidad de Expedición y Recepción (UER) de Certificados de Antecedentes Penales en Villa María. La sede agilizará la concreción de este tipo de trámites beneficiando a todos los municipios del Departamento General San Martín.

 En este sentido, la UER con sede en la ciudad será la segunda que funcionará en un municipio fuera de la provincia de Buenos Aires. En detalle, la delegación tendrá dos puestos de atención y se estima que se realizarán allí alrededor de 1.300 trámites mensuales, sin necesidad de dirigirse a los recintos de Córdoba Capital o Río Tercero.

 En virtud de los acuerdos establecidos, Gill agradeció al ministro Soria y al presidente de la Nación “la posibilidad de abrir la nueva sede en un trabajo conjunto entre el municipio y el Ministerio”. “Esto permitirá acceder a beneficios directos para miles de personas del interior de la provincia”, apuntó.

 En relación a ello, el jefe comunal señaló que “muchas de nuestras ordenanzas municipales, como así también diligencias provinciales y nacionales, requieren del registro de reincidencia para poder concretarse”. En este sentido, enfatizó: “A través de esta herramienta se agilizarán tramites, reducirán costos y se posibilitará tener en Villa María una sede administrativa para mejorar la calidad de vida de las personas”.

 Por su parte, Soria destacó “la descentralización de la gestión registral, que implica garantizar, para miles de ciudadanos y ciudadanas a lo largo y ancho del país, el acceso a los servicios del Estado”. En relación a ello, explicó que “los más de 90 mil habitantes de Villa María, ya no tendrán que trasladarse a otras ciudades más lejanas para hacer estos trámites”. En cuanto al acuerdo alcanzado, se establece que el Ministerio de Justicia proveerá los softwares de los sistemas informáticos y las capacitaciones de los operadores municipales necesarios para poner en funciones una Unidad del Registro de Reincidencia, mientras que el municipio destinará un espacio adecuado para la instalación de la UER.

 

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